extractado por maty
La opinión alternativa
A vueltas con Carrillo 21/10/2005
La opinión alternativa
Sobre la convivencia Pedro Laín Entralgo
EL PAÍS, Opinión el 07 de Mayo de 1981. 21/10/2005
loa -> Nodo50 Los documentos de la 'causa general' contra los republicanos podrán ser consultados
Javier Tusell EL PAÍS | Cultura - 25-09-1980 21/10/2005
Desde el exilio -> CAUSA GENERAL Cárceles y asesinatos colectivos de presos
Del interés y veracidad de la “Causa General” han dado fe personas tan poco sospechosas de franquismo como Javier Tusell, («…es decisiva…muy interesante para estudiar la sublevación, los comienzos de la guerra civil y la vida en la zona republicana durante la contienda»: El País, Cultura, 25 de septiembre de 1980) y Pedro Laín (“los horrores reseñados en la “Causa General” son ciertos...”: artículo en El País, en 1981, referente al foro en que participó bajo el lema “¿Es posible la convivencia en España?”).
La Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa fue confiada a Santiago Carrillo, de las J. S. U., y se nombró Delegado de Orden Público, cargo equivalente, en su esfera de actuación, al de Director General de Seguridad al redactor del diario socialista Claridad, Segundo Serrano Poncela. Del Consejo creado en la Dirección General de Seguridad pasaron a formar parte, entre otros, Manuel Rascón Ramírez, Manuel Ramos Martínez, Ramón Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago, Félix Vega, Arturo García La Rosa y Juan Alcántara; todos ellos de actuación muy destacada en distintas «checas. de las que funcionaron en Madrid.
Este Consejo, en la reunión celebrada el día 10 de noviembre de 1936, presidida por Serrano Poncela, acordó las «normas» que había de seguir para seleccionar a los presos de Madrid que debían ser asesinados en masa. A propuesta de su Presidente, se estableció el siguiente turno: primero, militares con graduación superior a la de Capitán; segundo, falangistas, y tercero, todos los hombres que hubieran tenido actividades políticas contrarias al Frente Popular. Para este plan se designó a unos representantes del Consejo, que acudieron a distintas cárceles y, actuando en forma de tribunal, interrogaban a los detenidos y decidían la suerte de los mismos. También designó el Consejo un Delegado suyo para cada una de las cárceles, cuyo misión consistía en hacerse cargo de las relaciones de presos que debían ser asesinados, llevar a la cárcel la orden de libertad o traslado y dirigir la expedición, con instrucciones reservadas, distintas de las consignadas en la documentación oficial. Con este cometido fueron designados los militantes comunistas Andrés Urrésola Ochoa, para la Cárcel de Porlier; Álvaro Marasa Barasa, para la de Ventas, y Agapito Sainz de Pedro, para la de San Antón; todos estos dependían a su vez, de manera inmediata, del miembro del Consejo Santiago Álvarez Santiago, también comunista. El Delegado de Orden Público, Segundo Serrano Poncela, se encargó personalmente de dar las órdenes reservadas, para asesinar a los presos, al Parque Móvil de la Dirección General de Seguridad para disponer de los vehículos necesarios, y al Inspector General de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para tener dispuestos los elementos armados que acompañaban a las expediciones y componían los piquetes de ejecución.
El plan fue tan meditado, y preparado con tanta frialdad, que incluso se dispuso de antemano el lugar de ejecución y elde enterramiento de las víctimas; a este fin prestaron su colaboración los Comités rojos que venían actuando en los pueblos del San Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, y Torrejón de Ardoz, que ordenaron a individuos de estas localidades que cavasen las fosas, y acudieron los días previamente señalados para proceder al enterramiento de las víctimas.
Estos acuerdos del Consejo de la Dirección General de Seguridad, encargado por el fugitivo Gobierno del Frente Popular de la misión de velar por el orden público en la capital, comenzaron a ponerse en ejecución a mediados de noviembre de 1936; pero antes, la Junta de Defensa de Madrid, procediendo en la misma forma en que lo había hecho el Gobierno marxista, al que decía representar, publicó una nota, que apareció en la Prensa diaria el 14 de noviembre de 1936, en la que, bajo la rúbrica “Saliendo al paso de una infamia”, decía : “... Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso. La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no permitirá que nadie lo haga, sino que, en este respecto, los que en ella intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden y de las normas establecidas”. Y en efecto; después de esta comunicación, cuando debían creer que con ello acallaban la alarma internacional, comenzaron a ponerse en ejecución los planes de asesinatos colectivos, organizados y elaborados por los organismos del Orden público, dependientes de la propia Junta de Defensa, que no hacía, en este caso, más que seguir el ejemplo que con su actuación anterior le marcó el Gobierno del Frente Popular. Las diversas Comisiones se trasladaron a las cárceles respectivas para interrogar a los que en ellas se encontraban detenidos. Estos interrogadores utilizaban los datos extraídos de los ficheros de la Dirección General de Seguridad y los de los partidos políticos; pero principalmente procedían a capricho, guiados en muchas ocasiones única y exclusivamente por lo ilustre de los apellidos de los detenidos, y se dejaban influenciar fácilmente por sugerencias interesadas, habiéndose salvado por presentación de aval, o intervención de otras personas, algunos detenidos que, con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo, debían ser fusilados; en este aspecto, los menos asequibles eran los representantes del Partido Comunista. Los acuerdos los tomaba el Consejo en pleno, y las órdenes para los asesinatos eran firmadas por el Delegado de Orden público y entregadas al Responsable de la cárcel respectiva.
En ocasiones los presos eran sacados de la cárcel sin documento oficial alguno, y días después, para que el expediente carcelario quedase completo, se llevaba la orden de traslado o de libertad, que daba una apariencia de legalidad a la salida del recluso.
En las horas de la madrugada los milicianos que prestaban servicio de guardia en el interior de la cárcel, provistos de linternas, entraban a las galerías y, entre blasfemias, insultos y amenazas, obligaban a los presos a levantarse, y los conducían al lugar en que se concentraba para entregarlos a los miembros de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, encargados de su traslado y ejecución; se les registraba, robándoles lo que llevaban encima se les ataban las manos a la espalda con bramante fino, y con fuerza tal, que les hacía saltar sangre de las muñecas, y se les obligaba a subir a los camiones, preparados al efecto, propinándoles fuertes golpes y haciéndoles objeto de otros malos tratos. El conocido autor teatral D. Pedro Muñoz Seca fue sacado de la cárcel de San Antón el día 28 de noviembre de 1936, y -según declaración prestada en esta Causa General por el testigo presencial D. Buenaventura González de Lara- entre otros malos tratos de que fue objeto por parte de los milicianos, uno de ellos, llamado Gonzalo Montes Esteban-Sierra (a) «Dinamita», le dio fuertes tirones del bigote, hasta arrancárselo en parte.
La conducción de los presos y su asesinato estaba encomendada a los diversos destacamentos de milicias de Vigilancia de Retaguardia, que turnaban en este cometido de acuerdo con las instrucciones dadas por su Inspector general, Federico Manzano Govantes, acompañando a cada expedición un representante del Consejo de la Dirección General de Seguridad y algunos policías ; a los miembros de las M. V. R. se unían milicianos de guardia en las cárceles, que al regresar comunicaban a los que todavía permanecían en la prisión los detalles de las matanzas ejecutadas, y les amenazaban con depararles la misma suerte. A los asesinos se agregaban también individuos de los Ateneos Libertarios y Radios Comunistas de las barriadas de Guindalera, Elipa, Ventas y de los pueblos próximos al lugar de la ejecución, al que acudían por el simple placer de cometer nuevos asesinatos y para lucrarse con la ropa y algún objeto que pudieran hallar sobre las víctimas.
De esta forma, respondiendo a un plan acordado por los organismos oficiales, fueron inmolados, sin formación de proceso ni imputación delictiva, millares de presos sacados de las cárceles de Madrid en la última decena del mes de noviembre del año 1936 y primeros días de diciembre del mismo año.
A partir de esta época, la energía con que el nuevo Delegado de las prisiones de Madrid -un anarquista que, en pugna con las demás autoridades rojas, y sobre todo con el Partido Comunista, actuó desde el primer momento, por su personal y exclusiva iniciativa-, acabó con las matanzas de presos, demostró la facilidad con que hubiera podido obtener este mismo resultado el Gobierno del Frente Popular, si alguna vez se lo hubiese propuesto.
En Torrejón de Ardoz (donde, después de la liberación de España, durante el mes de diciembre de 1939, fueron exhumados 414 cadáveres), en Ribas de Vaciamadrid y sobre todo en Paracuellos del Jarama, donde en enormes zanjas yacen millares de cadáveres fueron enterrados en montón los presos de Madrid asesinados en noviembre de 1936 por las autoridades del Frente Popular.
COMENTARIOS EN LA RED
Javier Rubio Navarro, no nos tome por imbéciles(*). Difícilmente la publicidad es un servicio para los visitantes de una web, es más bien un estorbo y una pérdida de tiempo considerable para la carga completa de la página en los navegadores. A otros con "esa moto". Es respetable la forma de financiación adoptada, a priori, pero no la ensalce.
